La Superintendencia de Quiebras es un servicio público, autónomo, con personalidad jurídica propia y que se relaciona con el Presidente de la República a través del Ministerio de Justicia.

1929: Creación de la Sindicatura General de Quiebras, organismo auxiliar de los Tribunales de Justicia encargado de administrar los bienes y pagar las deudas de personas caídas en falencia comercial por cesación de pagos a sus acreedores.

1979: La institución se reorganiza para depender directamente del Ministerio de Justicia y pasa a llamarse Sindicatura Nacional de Quiebras. Su estructura queda integrada por una Contraloría Interna, Fiscalía y los Departamentos Administrativo, de Estudios Económicos y de Quiebra.

1982: Se establece la Fiscalía Nacional de Quiebras, persona jurídica de carácter autónomo, duración indefinida y relacionada con el Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia. La jefatura superior del servicio correspondería a un Fiscal Nacional de Quiebras.

2002: En el marco de la Reforma Procesal Penal, y de acuerdo con las nuevas normas legislativas contempladas en la Ley 19.806, la institución finalmente es elevada a la categoría de Superintendencia de Quiebras.

2005: La Ley 20.004 entrega a la Superintendencia de Quiebras fundamentales atribuciones para ejercer su rol fiscalizador y regulador de la sindicatura privada.